A la crisis financiera de OSEF por las deudas y las dificultades para pagar prestaciones se suma ahora el silencio público de Adriana Soria y Horacio Gallegos frente al principal deudor de la obra social: el Gobierno provincial. Los vocales que en septiembre exigían recuperar esos fondos tienen una responsabilidad ante los trabajadores y jubilados que representan. La falta de recursos amenaza la continuidad de la atención y puede profundizar el riesgo de una crisis sanitaria.

El Diario Industrial tuvo acceso a planillas que registran $12.060.748.397,63 pendientes de cobro, de los cuales $11.077.107.012,16 corresponden al Gobierno provincial. Son recursos destinados a financiar consultas, medicamentos y tratamientos. Mientras no ingresan, OSEF dispone de menos dinero para afrontar esas obligaciones.

 

El detalle provincial identifica contribuciones vencidas de junio, julio y agosto de 2026: $2.060,8 millones, $4.331,1 millones y $4.685,2 millones, respectivamente. También aparecen deudas de la Municipalidad de Tolhuin por $410,1 millones; de Vialidad Provincial por $406,8 millones; y del Concejo Deliberante de Tolhuin por $166,7 millones. Las copias consultadas no incluyen fecha de corte, por lo que requieren cotejo con un saldo actualizado.

Soria, representante de los trabajadores activos vinculada al SUTEF, y Gallegos, representante de los jubilados y referente del SOEM, habían tomado una posición concreta. Según publicó El Diario del Fin del Mundo el 15 de septiembre, ambos votaron a favor de una resolución que declaró urgente recuperar las deudas y dispuso intimaciones y acciones judiciales. Una vez determinado el saldo exigible, los organismos debían recibir un plazo máximo de cinco días hábiles para pagar o presentar una propuesta de regularización. Sin pago ni acuerdo admisible, correspondía avanzar judicialmente dentro de los diez días hábiles siguientes.

Noticias Argentinas también informó que Soria presentó el 10 de septiembre una nota formal para exigir que se intimara al Ejecutivo provincial. Gallegos, por su parte, impulsó mecanismos de cobro administrativo y judicial, incluidas las retenciones bancarias. El reclamo estaba planteado y tenía procedimientos concretos.

Por eso, el silencio público posterior merece una explicación. ¿Qué pasó con aquella exigencia de cobro urgente? ¿Qué explica que un reclamo de esa gravedad haya perdido presencia pública? Soria y Gallegos deben informar cuánto se recuperó y qué ocurrió con las intimaciones que apoyaron. Los afiliados tienen derecho a conocer esos resultados.

También hubo gestiones posteriores: Radio Provincia informó que ambos participaron, el 28 de septiembre, de una reunión para negociar la regularización de la deuda de Tolhuin mediante la construcción de una sede de OSEF. Esa negociación atendía otra obligación. El Gobierno provincial concentra el 91,8% del monto registrado en las planillas analizadas.

Para cobrar las obligaciones provinciales vencidas existe una herramienta específica. La Ley 1627, publicada el 10 de junio, establece que el Banco de Tierra del Fuego debe retener los importes adeudados sobre fondos provinciales de libre disponibilidad y transferirlos a OSEF dentro de las 24 horas, una vez notificados formalmente por el organismo. La obra social debe informar los montos exigibles después del día 20 de cada mes.

Ese mecanismo de retención, vinculado al debate sobre el “goteo”, requiere que se cumplan esos pasos. La explicación que falta debe incluir si OSEF notificó las deudas al banco y qué fondos recuperó mediante esa vía. La ley establece que las retenciones tienen prioridad y que no pueden suspenderse ni postergarse por una decisión administrativa.

 

 

Mientras tanto, los problemas para sostener la atención ya tienen nombres y cifras. El 14 de octubre, la presidenta de Reencontrándonos, Estela Lavenia, reclamó $417 millones adeudados por OSEF. En una entrevista con El Cronista Urbano, por Radio Provincia, explicó que la asociación mantenía 35 tratamientos sin cobrar y que las dificultades económicas impedían incorporar personal para pacientes que necesitan acompañamiento permanente.

Ese caso muestra el riesgo de prolongar los atrasos: un prestador que sigue atendiendo sin cobrar también tiene salarios y gastos que afrontar. Si esa situación se extiende, puede terminar restringiendo tratamientos y dejando a más afiliados sin respuesta.

 

El Gobierno provincial debe pagar. Soria y Gallegos deben explicar qué resultados tuvo el reclamo que impulsaron y sostener públicamente esa exigencia. Mientras el dinero no llega, hay instituciones financiando la atención de los afiliados con recursos que ya advierten que no alcanzan.

Si la deuda sigue sin cobrarse y los atrasos a los prestadores se prolongan, OSEF puede enfrentar mayores restricciones: menos turnos disponibles, dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos en riesgo de interrupción. Las familias que puedan hacerlo se verían obligadas a pagar de su bolsillo; las que no, podrían quedar sin atención o tener que postergarla. Ese es el riesgo de dejar que los incumplimientos se acumulen: que la crisis financiera termine convirtiéndose en una crisis sanitaria y que sus consecuencias recaigan sobre los afiliados.