Una nueva maniobra protagonizada por Julieta García, funcionaria de OSEF y pareja del vocal gremial Franco Tomasevich, vuelve a poner bajo la lupa el manejo político y discrecional de la obra social. García eximió del pago del coseguro obligatorio a un grupo de afiliados vinculados a la conducción sindical, en cirugías de prótesis importadas -que requieren del pago de un coseguro del 20% del valor- cuyo costo superó los $16 millones. Lo hizo desoyendo las advertencias de la Unidad de Fiscalización, que había exigido que se iniciaran los trámites correspondientes para el cobro. La decisión no solo violó los procedimientos internos, sino que generó un perjuicio económico concreto y una situación de trato desigual frente al resto de los afiliados, que sí deben afrontar esos costos. El episodio se suma a una larga lista de irregularidades que comprometen el funcionamiento de OSEF y agravan su ya delicada situación financiera.

 Según consta en la Nota N° 021-2025, García fue advertida por la Contaduría General para que corrija la situación. Se le solicitó convocar a los afiliados beneficiados para exigir el pago, o bien iniciar medidas administrativas. Nada de eso ocurrió.

 Los documentos internos confirman que los beneficiarios no fueron informados del costo al momento de la cirugía, lo que agrava el problema: no solo se incumplió el procedimiento, sino que se generó un trato desigual frente al resto de los afiliados, que sí deben afrontar estos pagos.

 Desde la Contaduría y la Dirección de Recursos calificaron la situación como un posible perjuicio fiscal. Llama la atención que los beneficiarios del no cobro representan a sectores vinculados a la lista multicolor encabezada por SUTEF. El detalle de las operaciones figura en un anexo oficial, con montos de hasta $2,3 millones por prótesis.

Esta nueva revelación se suma a otros hechos polémicos que involucran a Tomasevich y su entorno. En semanas recientes se denunció que la misma Julieta García —de profesión peluquera— fue designada como Coordinadora Administrativa con un salario cercano a los $4 millones mensuales, cargo que fue solicitado por el propio Tomasevich, su pareja, en un correo a la presidenta de OSEF. También se conoció la designación de Nadia Ayelén Silva, familiar de una dirigente del SUTEF Río Grande, en otro cargo político dentro de la institución.

El cúmulo de irregularidades, privilegios y manejos discrecionales protagonizados por Tomasevich y su entorno generó también un creciente malestar dentro del propio SUTEF. Según trascendió, en los próximos días el gremio convocará a una asamblea interna para evaluar la continuidad de Tomasevich como representante del sindicato en OSEF. La discusión, que hasta ahora se daba en voz baja, ya comenzó a tomar forma orgánica ante la magnitud del desgaste político y las denuncias acumuladas.

Mientras esto ocurre, sectores como los prestadores de acompañantes terapéuticos estuvieron más de tres meses sin cobrar, y en la Legislatura fueguina se advirtió que el problema de OSEF no es solo de recursos, sino de gestión, llevada adelante por dirigentes gremiales como Tomasevich, y del uso discrecional del poder.

 La gestión del SUTEF al frente de OSEF ha estado atravesada por una serie de irregularidades que incluyen designaciones a dedo, asignación arbitraria de beneficios económicos y un manejo de los recursos públicos como si fueran propios. El nombramiento de la pareja del vocal Franco Tomasevich en un cargo estratégico, las excepciones sin fundamento técnico otorgadas a afiliados “seleccionados” y el favoritismo en el acceso a tratamientos costosos son apenas algunos ejemplos de una conducción poco transparente. Todo esto se traduce hoy en una crisis concreta y visible: falta de insumos, cirugías suspendidas, prestadores que suspenden prestaciones por falta de pago -incluyendo el Hospital- y un sistema que colapsa mientras sus autoridades reparten privilegios y cargos entre allegados. Tal como se verá en próximas publicaciones, las irregularidades en OSEF no son hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático que abarca desde la compra de insumos hasta designaciones discrecionales, privilegios médicos, viajes y otras áreas sensibles del funcionamiento institucional.

 La situación plantea un dilema profundo sobre el presente y el futuro de OSEF, que parece hoy más al servicio de quienes la conducen que de los miles de afiliados que dependen de su cobertura médica.