La Legislatura de Tierra del Fuego se prepara para votar en los próximos días un proyecto que propone una expansión urbana de escala inédita para Ushuaia. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Carlos Pino, busca modificar el ejido urbano actual y habilitar miles de hectáreas nuevas como suelo urbano, en una ciudad que todavía arrastra serios problemas de planificación, servicios básicos e informalidad territorial.

Lo que genera alarma no es solo la magnitud del proyecto, sino la forma en que se intenta aprobar: sin debate público amplio, sin estudios técnicos conocidos y en fechas cercanas a las fiestas de fin de año, cuando la atención ciudadana y mediática se encuentra sensiblemente reducida.

Una expansión sin plan ni respuestas

El proyecto propone llevar el ejido urbano de Ushuaia de unas 2.300 hectáreas actuales a aproximadamente 13.000, lo que implica multiplicar por seis la superficie urbana de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente estudios de impacto ambiental, informes de capacidad de servicios ni un plan integral de desarrollo urbano que explique cómo se sostendría una expansión de semejante escala.

Avance sobre bosques y áreas naturales

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es su impacto ambiental. La expansión propuesta incorpora extensas áreas de bosque, cuencas hídricas y ambientes naturales, que hoy cumplen funciones clave para el equilibrio ecológico, el paisaje y la actividad turística.

Daniel Lovece, presidente de la Fundación Ushuaia XXI, advirtió sobre los riesgos de avanzar :

“No estamos discutiendo solo hectáreas,  estamos discutiendo medio ambiente, turismo, calidad de vida y de qué vamos a vivir.”

El dirigente cuestionó además una lógica que sobrevuela el debate:

“La idea de que el paisaje no sirve si no se construye encima es un error conceptual grave. Ushuaia vende naturaleza al mundo.”

Una ciudad sin servicios, pero con más tierra

La iniciativa se impulsa en una ciudad que todavía no logra garantizar servicios básicos en amplios sectores del ejido actual. Barrios con déficit de agua potable, cloacas, energía y transporte conviven con ocupaciones informales y urbanizaciones que nacieron sin infraestructura adecuada.

En ese contexto, Lovece fue contundente:

“Si no podemos con 2.300 hectáreas, ¿cómo vamos a manejar seis ciudades más?”

El interrogante se vuelve central: ¿cómo se justifica una expansión masiva del territorio urbano cuando el Estado no logra resolver los problemas estructurales existentes?

Sospechas sobre el destino de las tierras

Más allá del discurso oficial, el proyecto deja abiertas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta clara. ¿Qué destino tendrán las tierras que se incorporen al ejido? ¿Quiénes accederán a ellas? ¿Bajo qué criterios se urbanizarán? ¿Qué controles existirán para evitar la especulación?

El propio Lovece advirtió sobre el riesgo de repetir viejas prácticas:

“Andá, metete ahí que después se ordena. Esa lógica generó décadas de informalidad urbana.”

La falta de precisiones alimenta fuertes sospechas sobre posibles intereses inmobiliarios detrás del apuro legislativo, aunque desde el oficialismo no se han brindado explicaciones detalladas sobre cómo se asignarían las nuevas tierras ni qué mecanismos garantizarían transparencia y equidad.

Déficit democrático y tensión institucional

El tratamiento del proyecto también generó malestar en el ámbito institucional. Desde el Concejo Deliberante de Ushuaia, el concejal Valter Tavarone denunció que el cuerpo no fue consultado ni convocado, pese a que se trata de una decisión que impacta directamente sobre la ciudad.

“No podemos tolerar que se adopten decisiones sentados en un sillón de la Legislatura provincial, sin escuchar a quienes representamos a los vecinos”, afirmó.

Además, recordó que la Carta Orgánica Municipal establece mecanismos específicos para la modificación del suelo urbano, como la consulta popular, que no estarían siendo considerados.

Una decisión que marcará décadas

La ampliación del ejido urbano no es una medida administrativa menor. Es una definición que condicionará el desarrollo de Ushuaia por los próximos 50 o 100 años. Avanzar con una votación exprés, sin debate público, sin estudios visibles y en fechas sensibles, no solo despierta cuestionamientos técnicos y ambientales, sino que erosiona la confianza ciudadana.

Porque cuando una decisión de esta magnitud se intenta tomar en silencio, la pregunta deja de ser si Ushuaia necesita crecer, y pasa a ser por qué se apura tanto una expansión urbana de escala inédita y quiénes se beneficiarán con ella.

A menos de un mes de dejar su cargo como vocal por los activos en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Franco Tomasevich —referente del SUTEF— impulsó un acuerdo millonario con la empresa privada SANOS Salud, para brindar cobertura a los afiliados radicados en la provincia de Córdoba.

Según la documentación a la que tuvo acceso este medio, la propuesta presentada por SANOS establece un costo mensual de $150.000 por afiliado, ajustable por IPC. Esto implicaría un gasto superior a los $180 millones mensuales para la obra social, una cifra que impactará de lleno en sus finanzas ya deterioradas por deudas con proveedores y demoras en el pago a farmacias.

Un contrato firmado a contrarreloj

El contrato fue gestionado en tiempo récord y con inusual premura. Tomasevich dejará su cargo en diciembre, pero aún mantiene control sobre áreas estratégicas de la obra social, como la Dirección de Compras y la gestión de medicamentos, espacios donde el SUTEF conserva fuerte influencia.

Fuentes internas de OSEF consultadas interpretan este movimiento como un intento de “blindar acuerdos” antes del recambio de autoridades y dejar comprometida a la institución con decisiones de alto impacto financiero.

SANOS, una empresa bajo la lupa

SANOS Salud —del grupo TN Group— se presenta como prestadora integral con red propia en Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia y Río Grande. Sin embargo, la firma enfrenta antecedentes de denuncias en Santa Cruz, donde una paciente oncológica de Río Gallegos denunció que la empresa no pagó su tratamiento de quimioterapia ni medicamentos, poniendo en riesgo su vida, según consignó El Diario Nuevo Día el 14 de noviembre de 2025.

Esa denuncia, sumada a la falta de antecedentes previos en la atención de afiliados de OSEF, despierta interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a esta empresa y la falta de licitación o concurso público previo.

Gremios y decisiones cruzadas

SANOS mantiene vínculos con diversos gremios del país, incluyendo sindicatos con presencia en Tierra del Fuego, lo que alimenta sospechas sobre un posible entrecruzamiento de intereses sindicales y decisiones administrativas.

En ese contexto, el rol de Tomasevich como representante del SUTEF vuelve difusa la frontera entre la gestión pública y los intereses sectoriales.

Preguntas sin respuesta

Mientras las autoridades provinciales guardan silencio, surgen varios interrogantes:

• ¿Por qué un vocal a punto de dejar su cargo compromete a OSEF con un contrato de esta magnitud?

• ¿Hubo supervisión del Directorio o del Ejecutivo provincial antes de autorizar la operación?

• ¿Qué garantías existen sobre la calidad del servicio de SANOS, dada su situación en otras provincias?

En una obra social marcada por falta de medicamentos, demoras en tratamientos y denuncias de privilegios, la nueva contratación refuerza la sensación de que Tomasevich busca cerrar su ciclo político asegurando compromisos millonarios antes de su salida.

La pregunta que resuena en los pasillos de OSEF es simple pero contundente:

¿A quién beneficia este acuerdo: a los afiliados, a los gremios o a los que se van?

Este viernes 7 de noviembre, los trabajadores estatales fueguinos elegirán a sus representantes en el directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y en la Caja de Previsión. Dos espacios concentran la mayor expectativa: la Lista 32 Lila, impulsada por el SUTEF, que busca sostener la actual conducción del gremio en la obra social, y la Lista 2 Azul, respaldada por ATE, que plantea un cambio profundo en la gestión.

La elección se realiza en un contexto de fuerte malestar por las demoras en las prestaciones, los faltantes de medicamentos y las denuncias por manejos discrecionales dentro de la institución. Mientras el SUTEF defiende la continuidad de su representación, la Lista 2 Azul propone un modelo orientado a la transparencia, la eficiencia administrativa y la igualdad de trato entre los afiliados.

Desde la Lista Azul, encabezada por Gustavo García y José Paredes, sostienen que “OSEF debe volver a funcionar para todos, sin privilegios ni acomodos”. Su propuesta incluye la implementación de licitaciones públicas para la compra de medicamentos, un sistema más ágil para la autorización de tratamientos y una administración que “termine con los favoritismos que hoy afectan la credibilidad de la obra social”.

Por su parte, la Lista Lila del SUTEF, encabezada por Soria, busca mantener el control del gremio docente en la conducción de OSEF. Actualmente, el vocal activo Franco Tomasevich y el vocal pasivo José María Martín —ambos del SUTEF— integran el directorio y son parte de la gestión que enfrenta acusaciones por irregularidades en designaciones y en el manejo de fondos, incluyendo el otorgamiento de cirugías sin cobro de coseguros a afiliados “VIP” y acusaciones de sobreprecios en compras de medicamentos. A pesar de dichas acusaciones, José María Martín se presenta como candidato de la lista de SUTEF.

Con un padrón que supera los 32 mil afiliados y un sistema de voto electrónico habilitado en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, la participación será clave para definir el rumbo de la obra social.
La disputa entre el SUTEF y la Lista Azul no solo define nombres, sino dos modelos opuestos de conducción: continuidad o renovación.

La documentación interna de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) expone un nuevo escándalo. Según la Nota N° 2033-2025 y el Informe N°5 de la Contaduría General, el vocal por los pasivos José María Martín, junto a su secretaria política Manuela Patorino, ordenaron no cobrar el coseguro correspondiente a nueve afiliados vinculados al SUTEF, entre ellos docentes y jubilados.

El coseguro —equivalente al 20% del valor de las prótesis importadas— debe ser abonado por todos los afiliados según la normativa vigente. Sin embargo, estos expedientes fueron tramitados por fuera de los canales formales, sin intervención de la Unidad de Fiscalización, lo que impidió que se generaran los cobros correspondientes.

La maniobra fue advertida por la Contaduría General de OSEF, que calificó la situación como un posible perjuicio fiscal de $16.032.000. En una nota dirigida a la Coordinación Administrativa, a cargo de Julieta García (pareja del vocal por los activos, Franco Tomasevich), se exigió regularizar los cobros o iniciar medidas administrativas. Nada de eso se hizo.

“La omisión del cobro genera un trato desigual entre afiliados y un perjuicio directo para las finanzas de la obra social”, detalla el informe firmado por la contadora Erika Torche.

De los registros internos surge además que los nueve expedientes fueron tramitados directamente por la secretaria privada de Martín, sin intervención de las áreas de control. Todos corresponden a afiliados con vínculos directos con el SUTEF, el gremio que actualmente conduce la obra social.

“Mientras los afiliados comunes pagan y esperan meses por una prótesis, los amigos del poder reciben cirugías sin costo”, expresó un empleado de OSEF que pidió reserva de identidad.

La maniobra se da en un contexto de crisis profunda, con falta de insumos, deudas con prestadores y medicamentos que no llegan a tiempo. La indignación crece entre los afiliados, que ven cómo la obra social es utilizada como un espacio de poder gremial y político, más que como un servicio de salud.

“No es solo una irregularidad administrativa —agregó otra fuente interna—, es un sistema de amiguismos que perjudica a miles de trabajadores fueguinos.”

El caso se suma a otras denuncias recientes que involucran a los mismos dirigentes, entre ellas la designación de Julieta García —de profesión peluquera y pareja de Tomasevich— en un cargo con sueldo de $4 millones gestionado por el propio Tomasevich, y los viajes a Buenos Aires coincidentes con pagos a droguerías.

Mientras el discurso oficial del SUTEF repite el lema “Sigamos recuperando derechos”, dentro de OSEF crece la percepción de que los únicos derechos recuperados son los beneficios personales de quienes conducen la obra social.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) atraviesa un momento de fuerte desgaste político e institucional por su rol dentro de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). A pesar de los múltiples cuestionamientos que recaen sobre su representante, el vocal Franco Tomasevich, el gremio docente decidió mantenerlo en funciones y competir nuevamente por la conducción del organismo a través de la lista lila Nº32.

Tomasevich quedó en el centro de la polémica tras revelarse una serie de irregularidades en el manejo interno de OSEF, incluyendo la designación de su pareja, Julieta García —de profesión peluquera—, en el estratégico cargo de Coordinadora Administrativa, con un salario cercano a los 4 millones de pesos mensuales. Desde esa posición, García tuvo a su cargo la compra de medicamentos e insumos médicos, un área históricamente cuestionada por su falta de transparencia.

En las últimas semanas, nuevos documentos internos de la obra social confirmaron que García eximió del pago de coseguros a un grupo de afiliados “seleccionados”, por un monto total superior a $16 millones, generando un perjuicio fiscal directo para la institución. Las investigaciones señalan que los beneficiados pertenecían, en su mayoría, a sectores vinculados al propio SUTEF.

Pese a estos hechos, el gremio docente no impulsó ninguna sanción interna. Por el contrario, ratificó su apoyo a Tomasevich y a la estructura que hoy controla la vocalía por los activos en OSEF. Según fuentes gremiales, durante la última reunión del congreso provincial del SUTEF se resolvió que la continuidad de Tomasevich “no está en discusión” y que su gestión cuenta con “respaldo político”.

La decisión generó malestar entre numerosos afiliados y docentes, que reclaman renovación, transparencia y control sobre el uso de los fondos públicos. Según pudo averiguar El Diario Industrial, la lista opositora con mayores chances de competir por la conducción es la Lista Azul Nº2, integrada por representantes de ATE. Su propuesta pone el foco, según lo explicado por sus candidatos, en modernizar el sistema de compras mediante licitaciones públicas, eliminar los "privilegios" en la asignación de prestaciones y garantizar un funcionamiento más ágil y transparente de la obra social. Las otras listas que se presentan, comparten la crítica a los "manejos" de SUTEF en OSEF y buscan terminar con la hegemonía de ese gremio en la conducción, que "llevó a OSEF al desastre".

Mientras tanto, el clima en OSEF sigue siendo tenso. Los prestadores denuncian retrasos en los pagos, falta de insumos y demoras en cirugías, mientras crece la percepción de que la obra social “funciona para algunos y no para todos”.

Con las elecciones del 7 de noviembre en el horizonte, el SUTEF enfrenta una votación decisiva. La continuidad de su poder dentro de OSEF dependerá de si los afiliados eligen mantener la actual conducción o apostar por una nueva gestión que promete terminar con los favoritismos y devolver la transparencia a la obra social de los trabajadores del Estado.

Mientras la crisis financiera de OSEF se profundiza y miles de fueguinos ven amenazada su cobertura médica, la Legislatura de Tierra del Fuego continúa sin ofrecer respuestas concretas. Las advertencias se multiplican, los datos son conocidos y los riesgos son evidentes. Sin embargo, no hay una señal clara de voluntad política para tratar con urgencia la reforma estructural que la obra social requiere.

El diagnóstico es unánime: el modelo actual es inviable. Con un déficit mensual que ronda los $6.000 millones, una deuda acumulada superior a los $70.000 millones y prestaciones cada vez más costosas por la evolución tecnológica y la inflación, la situación de OSEF no se resuelve con ajustes menores ni declaraciones de intención. Se necesita una decisión política, y se necesita ahora.

Distintos espacios han propuesto alternativas. Entre ellas, un proyecto que contempla subsidios de emergencia, un esquema de aportes más equitativo, mayor control institucional y una redistribución temporal de recursos. Sin embargo, ni siquiera ha podido discutirse en comisión por falta de quórum. Sesiones suspendidas, sillas vacías y postergaciones sin argumentos muestran que el problema no es técnico: es político.

Mientras tanto, son los afiliados quienes pagan las consecuencias. Personas con enfermedades crónicas que no saben si podrán continuar sus tratamientos. Trabajadores públicos que enfrentan demoras o cortes en prestaciones básicas. Jubilados que, después de aportar durante décadas, temen quedarse sin cobertura.

No se trata solo de salvar a una institución: se trata de garantizar el derecho a la salud para miles de personas. Y cada día que pasa sin decisiones concretas, ese derecho se debilita.

La Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de evitar el colapso. Pero no puede seguir mirando hacia otro lado. Si existen objeciones a la propuesta oficial, deben ponerse sobre la mesa. Si hay alternativas superadoras, deben ser presentadas. Lo que ya no es aceptable es el silencio.

OSEF está en una situación límite. Dejar las cosas como están ya no es una opción.

Una nueva maniobra protagonizada por Julieta García, funcionaria de OSEF y pareja del vocal gremial Franco Tomasevich, vuelve a poner bajo la lupa el manejo político y discrecional de la obra social. García eximió del pago del coseguro obligatorio a un grupo de afiliados vinculados a la conducción sindical, en cirugías de prótesis importadas -que requieren del pago de un coseguro del 20% del valor- cuyo costo superó los $16 millones. Lo hizo desoyendo las advertencias de la Unidad de Fiscalización, que había exigido que se iniciaran los trámites correspondientes para el cobro. La decisión no solo violó los procedimientos internos, sino que generó un perjuicio económico concreto y una situación de trato desigual frente al resto de los afiliados, que sí deben afrontar esos costos. El episodio se suma a una larga lista de irregularidades que comprometen el funcionamiento de OSEF y agravan su ya delicada situación financiera.

 Según consta en la Nota N° 021-2025, García fue advertida por la Contaduría General para que corrija la situación. Se le solicitó convocar a los afiliados beneficiados para exigir el pago, o bien iniciar medidas administrativas. Nada de eso ocurrió.

 Los documentos internos confirman que los beneficiarios no fueron informados del costo al momento de la cirugía, lo que agrava el problema: no solo se incumplió el procedimiento, sino que se generó un trato desigual frente al resto de los afiliados, que sí deben afrontar estos pagos.

 Desde la Contaduría y la Dirección de Recursos calificaron la situación como un posible perjuicio fiscal. Llama la atención que los beneficiarios del no cobro representan a sectores vinculados a la lista multicolor encabezada por SUTEF. El detalle de las operaciones figura en un anexo oficial, con montos de hasta $2,3 millones por prótesis.

Esta nueva revelación se suma a otros hechos polémicos que involucran a Tomasevich y su entorno. En semanas recientes se denunció que la misma Julieta García —de profesión peluquera— fue designada como Coordinadora Administrativa con un salario cercano a los $4 millones mensuales, cargo que fue solicitado por el propio Tomasevich, su pareja, en un correo a la presidenta de OSEF. También se conoció la designación de Nadia Ayelén Silva, familiar de una dirigente del SUTEF Río Grande, en otro cargo político dentro de la institución.

El cúmulo de irregularidades, privilegios y manejos discrecionales protagonizados por Tomasevich y su entorno generó también un creciente malestar dentro del propio SUTEF. Según trascendió, en los próximos días el gremio convocará a una asamblea interna para evaluar la continuidad de Tomasevich como representante del sindicato en OSEF. La discusión, que hasta ahora se daba en voz baja, ya comenzó a tomar forma orgánica ante la magnitud del desgaste político y las denuncias acumuladas.

Mientras esto ocurre, sectores como los prestadores de acompañantes terapéuticos estuvieron más de tres meses sin cobrar, y en la Legislatura fueguina se advirtió que el problema de OSEF no es solo de recursos, sino de gestión, llevada adelante por dirigentes gremiales como Tomasevich, y del uso discrecional del poder.

 La gestión del SUTEF al frente de OSEF ha estado atravesada por una serie de irregularidades que incluyen designaciones a dedo, asignación arbitraria de beneficios económicos y un manejo de los recursos públicos como si fueran propios. El nombramiento de la pareja del vocal Franco Tomasevich en un cargo estratégico, las excepciones sin fundamento técnico otorgadas a afiliados “seleccionados” y el favoritismo en el acceso a tratamientos costosos son apenas algunos ejemplos de una conducción poco transparente. Todo esto se traduce hoy en una crisis concreta y visible: falta de insumos, cirugías suspendidas, prestadores que suspenden prestaciones por falta de pago -incluyendo el Hospital- y un sistema que colapsa mientras sus autoridades reparten privilegios y cargos entre allegados. Tal como se verá en próximas publicaciones, las irregularidades en OSEF no son hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático que abarca desde la compra de insumos hasta designaciones discrecionales, privilegios médicos, viajes y otras áreas sensibles del funcionamiento institucional.

 La situación plantea un dilema profundo sobre el presente y el futuro de OSEF, que parece hoy más al servicio de quienes la conducen que de los miles de afiliados que dependen de su cobertura médica.

La interna sindical en Tierra del Fuego se intensifica: este viernes, el Congreso Provincial de SUTEF evaluará la situación del vocal por los activos en OSEF, Franco Tomasevich. La decisión se da en un contexto de fuerte desgaste hacia su figura, tras la difusión de una serie de designaciones polémicas y acusaciones de uso discrecional del poder dentro de la obra social.

Entre los hechos más cuestionados se encuentra el nombramiento de Julieta García, pareja de Tomasevich y de profesión peluquera, como Coordinadora Administrativa con un sueldo bruto de $3.860.000 mensuales. El cargo, que tiene a su cargo las compras de medicamentos e insumos médicos, fue solicitado expresamente por el propio Tomasevich en un correo electrónico enviado a la presidenta de OSEF.

La designación generó un fuerte rechazo entre trabajadores y afiliados, tanto por el perfil de la persona nombrada como por la falta de transparencia en el proceso. García fue ubicada en una de las áreas más sensibles de la obra social, donde las denuncias por faltantes, demoras y sobreprecios son frecuentes.

Pero el caso García no fue el único. En las últimas semanas también se conoció la designación de Nadia Ayelén Silva, familiar de la secretaria general de SUTEF en Río Grande, como Personal de Gabinete en la sede local de OSEF. La acumulación de estos hechos reavivó las críticas por el uso político de cargos públicos en un organismo que atraviesa una grave crisis institucional.

El propio sindicato reconoció el malestar. Luana Pereyra, referente de prensa del SUTEF, confirmó que se le pidió a Tomasevich “dar explicaciones en asambleas” y que su continuidad se definirá en el congreso del viernes 24 de abril.

A esto se suma un creciente descontento entre otros sectores de trabajadores estatales. Prestadores de Acompañantes Terapéuticos denunciaron que llevan más de tres meses sin cobrar, mientras desde el Gobierno provincial —y en especial desde OSEF— se reparten cargos con sueldos millonarios. “Nos dicen que no hay plata, pero abren la planta con alfombra roja para los amigos del poder”, reclamó un trabajador.

También surgieron versiones internas sobre presuntos sobreprecios injustificables en la compra de medicamentos, lo que alimenta aún más las sospechas de manejos irregulares.

Frente a este panorama, la figura de Tomasevich quedó en el centro de la tormenta. Muchos dentro del gremio reconocen que el desgaste es tal, que sostenerlo en el cargo podría dañar la legitimidad del propio SUTEF. Este viernes, cuando el gremio se reúna, el debate será más que simbólico: se pondrá en juego hasta qué punto las estructuras sindicales están dispuestas a tolerar la discrecionalidad en el uso del poder, o si tomarán distancia de una conducción que, para muchos, ya cruzó un límite.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) enfrenta una situación crítica: prestaciones demoradas, medicamentos que no llegan, tratamientos sin aprobación y una deuda creciente que pone en jaque su sostenibilidad. En este contexto, salió a la luz un hecho que generó fuerte indignación: Julieta García, pareja del vocal por los activos Franco Tomasevich, fue designada como Coordinadora Administrativa con un salario bruto mensual de $3.860.000.

Aunque el nombramiento se concretó el año pasado, la información se conoció ahora junto con un dato clave: fue el propio Tomasevich quien, mediante un correo electrónico dirigido a la presidenta de OSEF, solicitó formalmente el cargo para su pareja. La revelación generó malestar entre afiliados y trabajadores, que ven en este caso un ejemplo concreto del uso político y personal de la estructura interna de la obra social.

El puesto que ocupa Julieta García es clave: desde allí se definen las compras de medicamentos e insumos médicos, uno de los puntos más criticados por los afiliados, quienes con frecuencia denuncian faltantes, trabas burocráticas e ineficiencia. Por eso, la decisión de ubicar allí a una persona sin formación en el área, y que además es pareja de uno de los directivos, desató una ola de suspicacias.

Lejos de tratarse de una designación aislada, el caso de Julieta García expone una dinámica de poder que se ha ido consolidando dentro de OSEF. Con respaldo del gremio docente SUTEF, Tomasevich no solo logró posicionarse como una figura central en el manejo administrativo y financiero de la obra social, sino que además ha fortalecido su control interno en un año clave, con elecciones de autoridades en el horizonte.

El temor a perder influencia frente al creciente rechazo hacia la gestión actual parece ser uno de los factores que explican la resistencia a los proyectos legislativos que buscan ampliar la representación de los trabajadores en el directorio. Tanto Tomasevich como el vocal por los pasivos, José María Martín, se oponen activamente a esa reforma, ya que la apertura del directorio a nuevas voces implicaría ceder espacios de decisión hoy concentrados en un grupo reducido, y debilitaría la capacidad del sindicato para seguir definiendo nombramientos clave dentro de la obra social, como ocurrió con García.

“Hoy en día Tomasevich dice abiertamente que es él quien manda, y los demás acatan”, relató un empleado que pidió reserva de identidad.

El malestar por la situación también se hizo visible en la Legislatura. Allí se planteó abiertamente que en las reuniones de comisión “todos los gremios y los mismos empleados” manifestaron que hay una mala gestión y administración en la OSEF, y que el problema no se limita a la falta de recursos.

En este escenario, el nombramiento de la peluquera Julieta García, pareja del vocal Tomasevich, no solo representa un claro caso de privilegio personal, sino que confirma el uso discrecional de cargos para beneficio propio. Lejos de ocuparse de la crisis que afecta a miles de afiliados, los vocales electos de OSEF parecen más interesados en repartirse el poder y el acceso a recursos económicos que en garantizar el funcionamiento básico de la obra social.

En Tierra del Fuego, la indignación y frustración crecen a medida que las bajas temperaturas del invierno impactan directamente en la operatividad de las escuelas, con padres y docentes clamando por una solución a la falta de calefacción y servicios básicos. Un mensaje que circula entre la comunidad educativa vía WhatsApp ha captado la atención pública, expresando un descontento palpable hacia el gobernador Gustavo Melella y su equipo por su aparente inacción.

"EDUCACIÓN FUEGUINA EN CRISIS. SE SUSPENDEN LAS CLASES. ESCUELAS A LA DERIVA," comienza el mensaje, detallando la difícil decisión de considerar la suspensión de clases y el adelanto de las vacaciones de invierno como medida desesperada ante la incapacidad de proveer lo básico: calefacción y agua corriente.

"Mientras las escuelas están paralizadas, y los chicos no tienen clases, el Gobernador MELELLA y sus funcionarios están ausentes", continúa. "Esta es una muestra clara de la ineficiencia y la negligencia del gobierno provincial. PADRES y DOCENTES expresamos descontento y frustración en toda la provincia. La educación, un derecho fundamental, está siendo ignorada. Es hora de exigir responsabilidad y acción inmediata. ‼️FRUSTRACION Y  DESCONTENTO ante la falta de compromiso con el futuro de nuestros niños‼️", termina el mensaje difundido por whatsapp.

La frustración de los padres y docentes se ha hecho eco en toda la provincia, poniendo en relieve la gravedad de las circunstancias.

"Es hora de exigir responsabilidad y acción inmediata," resalta el mensaje, instando al Gobernador Melella a tomar cartas en el asunto de forma urgente.

Un avión con destino a Río Grande, Tierra del Fuego, se despistó en el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos. El periodista acreditado en el Aeropuerto de Ezeiza por Canal 13, Norberto Dupesso, reveló que “el bimotor, turbohélice regional de 19 plazas afectado a aviación general, transportaba explosivos inertes”.

"Se despistó un avión LV-VDJ Metroliner SW4 fabricado en EE.UU. de la empresa Aerosistemas. Al arribo, ‘se le metió el tren de nariz’, nos dicen”, indicó mediante su cuenta de X. Asimismo, precisó que el aeropuerto de Río Gallegos se encontrará cerrado “hasta mañana 09 UTC / 6 AM local” y agregó: “No hay heridos”.

La Opinión Austral pudo confirmar que la aeronave se dirigía a una mina en Río Grande, pero tuvo que ser desviada a la capital santacruceña debido a las adversas condiciones meteorológicas. Durante el arribo, el tren de nariz colapsó, provocando su salida de la pista. Ante esta situación, personal de Bomberos se trasladó rápidamente al lugar de los hechos.

Fuentes oficiales precisaron a LOA que aparentemente llevaba 400 kg de explosivos y 80 detonadores, a pesar de que su capacidad máxima era de 230 kg. En este contexto, se iniciaría el proceso de secuestro de la carga debido a que el material estaba siendo transportado por separado.

Además, se presume que a las 3 de la mañana un avión de la misma empresa llegará al aeropuerto para retirar los explosivos. Se pudo conocer que los mismos quedaron en una pista alejada, destinada para situaciones de emergencia o amenaza.

En tanto, FM Del Pueblo informó que el avión provenía de Comodoro Rivadavia y tenía como destino Río Grande, pero no pudo aterrizar por la densa niebla. Por esta razón, se dirigió a Río Gallegos, donde terminó sufriendo un tenso percance. De acuerdo a lo reportado por el mencionado portal, todos los pasajeros se encuentran en buen estado. Actualmente se está trabajando para sacar el tren delantero y evaluar los posibles daños materiales.

La empresa Prodesur S.A., titular del buque de bandera argentina Tai An, afirmó que su actividad pesquera se desarrolla de forma legal. En este sentido, ratificaron que toda la actividad pesquera se encuentra conforme a la normativa provincial y nacional. Respecto a la supuesta pesca irregular de merluza negra denunciada por firmas competidoras de capitales extranjeros, Prordesu S.A. señaló que cuando se pesca se produce lo que se llama “capturas incidentales (o no deseadas)”, de forma involuntaria y extraordinaria, que son declaradas y constatada por los Inspectores de Pesca a bordo. Durante esta marea, a bordo del Tai An, se encuentran 1 inspector nacional y 2 observadores.

Las capturas extraordinarias de otras especies son autorizadas a su proceso dado que no se pueden devolver al mar las mismas cumpliendo los términos internacionales de la Organización para la Alimentación y Agricultura FAO. Esta práctica está prohibida en Argentina y por las buenas prácticas internacionales de la pesca legal.

Prodesur S.A. es una empresa argentina de capitales fueguinos que se dedica a la pesca de altura que opera desde 1991 desde el puerto de Ushuaia y genera empleo directo e indirecto, de más de 300 familias. El Tai An, su buque insignia de bandera nacional, es la embarcación más grande del país y puede procesar hasta 1.200 toneladas por marea. La firma fueguina abastece a la industria nacional y patagónica.

"Nuestra misión es el respeto por el medio ambiente realizando una explotación sustentable de los recursos marinos. Siempre buscamos la eficiencia del recurso pesquero, aprovechando el cien por ciento, sin generar desperdicios. Todas nuestras mareas las efectuamos con Inspectores de pesca a bordo dando estricto cumplimiento a lo normado por el Estado nacional en cuanto a capturas y reportes. No efectuamos pesca ilegal", sostuvieron fuentes de la empresa.

"El desarrollo de la actividad pesquera no es una ciencia exacta, en la práctica por el sistema de arrastre siempre se produce una minima captura incidental de otras especies. En  las mareas que se produce este tipo capturas, las mismas son constatadas e inspeccionadas en el puerto de Ushuaia al arribo del buque por parte de la la Comisión de Control", agregaron. 

También remarcaron que la embarcación cumplió con la navegación en los cuadrantes de pesca autorizados y donde se desarrolla la captura de la merluza polaca y merluza de cola. Esta area de pesca, autorizada por la autoridad nacional, también se encuentran presentes especies como brótola, savorín, abadejo, granadero, raya y merluza negra, entre otras.

La empresa ya realizó las presentaciones ante el Consejo Federal Pesquero para que se contemple la situación poniendo a disposición de la autoridad de aplicación los informes de capturas anuales e históricos. "Estamos ajustados a derecho, cumplimos con la normativa nacional e internacional y nos mantenemos en colaboración permanente con las autoridades. La actividad de Prodesur S.A. es la pesca legal", finalizó un directivo de la firma fueguina.

En mayo del 2022, la Argentina legalizó la creación de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. En lo que respecta al uso de la planta para la salud, se han visto grandes avances en el país y cada vez más personas pueden acceder a ella.  Y en paralelo comienza a establecerse el otro sector que se apunta a regularizar con el objetivo de generar negocios rentables: el cáñamo industrial. 

Según la consultora internacional Markets and Markets, la industria del cáñamo industrial, que puede aportar materia primera tanto al sector de la indumentaria como el automotriz y la construcción, entre otros, estuvo valuado en US$ 6.8 mil millones en 2022. Además, esa cifra se incrementaría hasta los US$ 18 mil millones en 2027 según las estimaciones que hacen los expertos. 

Con la regulación del cáñamo en la Argentina, una planta que está dentro de la familia del cannabis pero que tiene menos de 3% de THC, sustancia con efectos psicoactivos, el país podría ser una parte importante de este negocio internacional. De hecho, el ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien impulsó la legalización del marco regulatorio llegó a predecir que el cannabis puede generar US$ 500 millones en ventas al mercado interno y US$ 50 millones en exportaciones. De todas formas, referentes del sector como Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis (ArgenCann)  analizan esas cifras como conservadoras y arriesgan a que pueden alcanzarse los 1.000 millones de dólares de exportaciones en los próximos diez años. 

Si bien estos números también engloban a la parte medicinal, el cáñamo aportaría una gran cantidad de divisas y ayudaría a generar nuevas empresas de sectores que se pueden proveer de esta materia prima. Por ese motivo, ya hay empresas que empiezan a desarrollar plantaciones y se ponen como meta fomentar una industria cuya prohibición siempre fue, al menos, debatible. 

El cáñamo en la Argentina 

En los últimos días, la compañía Industrial Hemp Solutions (IHS) introdujo 15 genéticas de cáñamo para expandir la industria en Argentina y promover la sostenibilidad. Según informaron, las nuevas variedades fueron ingresadas gracias al apoyo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). 

En ese contexto, Maximiliano Baranoff, Director de Innovación y Nuevos Negocios de IHS, dialogó con Forbes Argentina para explicar más sobre el potencial del sector en el país. 

- ¿Cómo está la cuestión legal actualmente en el país? 

- Maximiliano Baranoff (M.B.): Se espera que en el transcurso de este mes de marzo, la ley 27669, que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial se encuentre finalmente reglamentada. Bajo este contexto, no se puede aún comercializar el cáñamo, pero sí realizar investigación sobre el cultivo. 

- ¿Cómo son sus operaciones en este contexto?

- M.B: Para no perder un año productivo en el país, seleccionamos cuidadosamente las 15 variedades de cáñamo más apropiadas para el territorio argentino provenientes de diversas partes del mundo. En septiembre de 2022 hemos celebrado un convenio específico con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) para llevar adelante los protocolos de ensayo y aplicarlos a su vez a una red de campos experimentales habilitados por el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) en distintas latitudes del país. Estos campos se encuentran distribuidos entre las provincias de Córdoba, Santa Fé, Tucumán y Buenos Aires. Con el objetivo de validar distintos aspectos agronómicos del cultivo, se han llevado a cabo numerosas repeticiones con cada genética sumando un total de 4.000 parcelas, las cuales están siendo supervisadas por un equipo de 25 personas a lo largo del país.

- El cáñamo entró en el prohibicionismo cuando en realidad es una planta que conlleva grandes beneficios industriales. ¿Creen que con este nuevo marco legal el cáñamo puede convertirse en una nueva industria que prospere en el país?

M.B: Es de público conocimiento que el cáñamo comenzó a prohibirse a finales de la década de 1930 por vincularlo intencionalmente con la marihuana, cuando en realidad el nivel de THC fue la excusa para sacar de juego a un cultivo con muchísimo potencial para abastecer materias primas a las industrias de mayor volumen del mundo. La agenda internacional de aquel entonces se decidió por la trayectoria tecnológica de las fuentes fósiles. Hoy, luego de ver los impactos nocivos del modelo económico que acarreamos de aquellas épocas, empezamos a incorporar las externalidades que antes no se tenían en cuenta y entendemos al cáñamo como un cultivo anual que puede fijar altos valores de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Los países tienen un compromiso importante en la lucha contra el cambio climático, y el desarrollo de negocios que fomenten la producción y el uso del cáñamo puede contribuir significativamente a la captura y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La totalidad de la planta de cáñamo tiene aplicaciones que se introducen en las cadenas de valor de las principales industrias que mueven el mundo.

- ¿Qué tipo de empresas podrían solicitar cáñamo en la Argentina? 

- M.B: Los granos que provienen del cultivo del cáñamo son considerados un superalimento, por lo que existe una creciente demanda de sus aceites, harinas y proteínas en los países desarrollados, como así también su descarte es muy valioso para la nutrición animal. A su vez, pueden ser transformados en aceites para cosmética y biocombustibles. De su tallo, pueden desprenderse dos materiales. Uno es su centro leñoso conocido como cañamiza, del cual pueden producirse ladrillos, revoques y todo lo que es hormigón no estructural, lo cual meses atrás fue incorporado en el código de construcción de Estados Unidos y, por otro lado, se puede aplicar para cama animal por sus propiedades absorbentes y su impacto positivo en la salud animal.

El otro material que puede extraerse son sus fibras, las cuales tienen mayor valor y pueden introducirse en las cadenas de suministro de la industria celulosa, para elaborar papeles y packaging más resistentes que aumentan su reciclabilidad; en la industria química para aumentar el biobasado de sus plásticos; en la automotriz para lograr grandes eficiencias; en la textil para reemplazar el uso de polímeros sintéticos y reducir la huella hídrica del algodón, entre otras tantas aplicaciones. De acuerdo con un informe de la ONU, el mercado global del cáñamo podría cuadruplicar su valor estimado de 2020, alcanzando los US$ 18.600 millones de dólares en 2027.

- ¿Qué expectativas tienen ustedes para este sector y cuáles son sus proyecciones para 2023?

M.B: América Latina se comienza a posicionar en la carrera por esta nueva industria y Argentina particularmente, emerge como epicentro. Brasil aún no ha legalizado la producción de este cultivo. De todas maneras, las genéticas de cáñamo más estabilizadas y de mayor rendimiento a nivel mundial se han desarrollado en climas templados, por lo que aquellas geografías que cuenten con climas tropicales tienen el desafío de adaptarlas a sus ecoregiones.

Dentro del contexto de descarbonización que nos encontramos, existe una gran voluntad política por incluir al cáñamo dentro de la rotación de cultivos ya que entra dentro del esquema de la tan buscada agricultura regenerativa y permite la reducción de emisiones en la cadena de valor de las industrias que hoy más contaminan. El 2023 será un año de acompañamiento muy cercano al productor para compartir las mejores prácticas que maximicen sus rendimientos, mientras que en paralelo avanzamos con la normalización de productos derivados del cáñamo para introducirlos en diversas cadenas de valor.

La Presidenta del PRO y líder de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, manifestó su apoyo en redes sociales al Diputado Nacional de Tierra del Fuego de Juntos por el Cambio y emprendedor industrial fueguino, Federico Frigerio.

Bullrich mantuvo una reunión con el joven diputado en la que expresó que "con Fede Frigerio trabajamos para recuperar el rol estratégico de Tierra del Fuego". Frigerio, además de diputado nacional por Tierra del Fuego, es un reconocido emprendedor del sector industrial con un fuerte compromiso para el fortalecimiento de la producción y la innovación en Tierra del Fuego.

Con este respaldo, Frigerio continúa avanzando en su agenda de trabajo para potenciar el desarrollo económico de Tierra del Fuego, consolidando su posición como uno de los referentes políticos más prometedores de la región.

El diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego de JxC, Federico Frigerio, explicó el nuevo récord que romperá el gobernador Gustavo Melella, poniendo a Tierra del Fuego en el primer puesto del ranking de endeudamiento en dólares de todo el país. “A los U$S 200 millones de deuda que arrastra nuestra provincia desde el 2017, se le sumarán en los próximos meses otros U$S 135 millones comprometidos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Ni hablar si se tiene en cuenta que esta deuda genera otros 63 millones de dólares de intereses hasta 2038”, explicó Frigerio. De esta manera, Tierra del Fuego pasaría a ser la provincia más endeudada en moneda extranjera por habitante del país, que según el Censo 2022 cuenta con 190.641 habitantes.

“La deuda externa per cápita, sería la más alta del país; U$S 1.316,61”, señaló Federico Frigerio.

En 2017 la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, tomó deuda por U$S 200 millones en Letras del Tesoro Nacional (mediante el bono Tierra del Fuego 2027). Así, TDF se convirtió en la provincia más endeudada por habitante, con un capital de alrededor de U$S 1050 por persona.

La Ley Provincial N° 1149, sancionada el 1 de marzo de 2017, especificaba que los fondos debían destinarse a diferentes obras de infraestructura, como el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica, el desarrollo costero del canal de Beagle, dos nuevas plantas de pretratamiento de efluentes cloacales en Bahía Golondrina y Arroyo Grande, la reparación de edificios públicos y la construcción de una nueva sede de la Legislatura, entre otros trabajos. 

Al final del mandato de Bertone se informó que se habían ejecutado U$S 59 millones de los fondos que habían ingresado a la provincia, es decir, todavía quedaban U$S 141 millones en la cuenta bancaria en dólares de Tierra del Fuego.

Sin embargo, durante la pandemia, ya con Gustavo Melella como gobernador, la Legislatura provincial lo autorizó a utilizar parte de los fondos para auxiliar al sector privado en el marco de la crisis sanitaria. A fines de 2022, solo quedaban disponibles U$S 61 millones. 

Mientras tanto, en 2021 el entonces ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, negoció la deuda externa con los acreedores de bonos. Tierra del Fuego no logró llegar a buen puerto con la renegociación, debido a las dificultades que presenta la garantía atada a regalías hidrocarburíferas.

“La Provincia no logró reestructurar ni defaultear la deuda. De los U$S 200 millones que tomó prestados en 2017, pagó U$S 84 millones. Esos U$S 116 millones de deuda bruta restantes la convirtieron en la cuarta provincia, en relación a la cantidad de habitantes (U$S 608,47 por persona), detrás de Chubut (U$S 921,87), Neuquén (U$S 920,74) y La Rioja (U$S 826,82)”, detalló Frigerio. 

“A los U$S 116 millones de deuda que arrastra la provincia desde 2017, este año se suman los U$S 135 millones recientemente contraídos, lo que da un total de U$S 251 millones. Si dividimos por los 190.641 habitantes que tiene nuestra provincia la deuda externa per cápita, sería la más alta del país; U$S 1.316,61”, señaló Federico Frigerio. 

“Estamos hablando de un total de 200 millones adicionales de deuda en dólares, cuando la provincia ya dispone de unos 60 millones de dólares que están siendo mal administrados por el gobernador, dejando que pierdan valor frente a la inflación en una cuenta bancaria. Eso es negligencia financiera”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

“Melella está hipotecando los ingresos tributarios de la provincia”, concluyó el diputado nacional Federico Frigerio.

Las diferentes condiciones climáticas adversas que afectan a la soja en la actual campaña, especialmente la sequía, y la falta de políticas publicas que provoquen un incremento de los niveles de cosecha, genera incertidumbre en el principal complejo aportante de divisas al país. Se prevé que para llevar adelante la molienda del poroto de soja y transformarlo en aceite y harina, por ejemplo, habrá que aumentar el nivel de importaciones y el mismo podría llegar a una cifra récord.

Es decir, hay una necesidad de la industria aceitera de importar mayor cantidad de soja con el objetivo de mantener la actividad. Hay que recordar que la Argentina tiene el cluster de molienda de soja más importante del mundo, y de hecho es el principal exportador de subproductos, harina y aceite de soja, y también se destaca en la producción y exportación de biodiésel. Todo eso se debe a la gran capacidad instalada que tienen la industria local, que actualmente es de 70 millones de toneladas.

Ahora bien, ante una situación climática cada vez más complicada en la presente campaña de soja, hay enormes dificultades e interrogantes que plantea el escenario futuro, con un agregado de que la producción de la oleaginosa viene cayendo año tras año en el país. En algún momento se llegó a producir más de 60 millones de toneladas, el año pasado fueron 44 millones de toneladas y en el presente 2023 depende las estimaciones y antes de las heladas tempranas del pasado sábado, se planteaba un escenario de entre 34 y 35 millones de toneladas. En todo esto, el clima es un factor determinante, pero también tiene un alto impacto la falta de políticas públicas que incentiven el aumento de la siembra y el nivel de cosecha. Uno de los mayores reclamos del sector sojero, es reducir la presión impositiva, donde es alto el efecto de las retenciones a las exportaciones que actualmente es del 33%.

La sequía golpea a la actual producción de soja en la Argentina

Un detalle de todo esto, fue presentado por el consultor y ex Subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación, Javier Preciado Patiño. “La industria no es competitiva si tiene una alta capacidad osciosa, o sea plantas que no estén operando. De manera que se recurre a la importación de soja, principalmente de Paraguay, pero también de Uruguay, Brasil y Bolivia, para paliar un poco a la falta de producción en la Argentina y además el bajo contenido proteico. El régimen que se implementa es el siguiente: se importa, se procesa (se transforma en aceite y harina, básicamente) y se exporta. Desde el punto de vista de la ecuación de los dólares, no es negativa sino es positiva. O sea la transformación le agrega valor a la importación y ese valor agregado queda en el país”, dijo a este medio.

Al respecto, recordó que entre los años 2016 y 2022 la molienda de soja durante el año comercial, comprendido entre abril/marzo, promedió las 40,8 millones de toneladas. Si a esa cifra se le descuenta 1.000.000 de toneladas declaradas por la extrusión, “quiere decir que el crushing por solvente demanda 39,8 millones de toneladas”. Hay que recordar que en el período de tiempo que analizó el consultor, se registró la peor campaña de soja que fue la de 2017/2018 con un crushing para exportación de unas 35,4 millones de toneladas.

Campaña actual

En la actual campaña, el consultor tomó para su análisis las proyecciones de cosecha total de 34,5 millones de toneladas. A eso, descontadas las semillas, extrusión y uso no declarado, quedarían disponibles unas 29,3 millones de toneladas para el crushing exportador. Entonces, Preciado Patiño planteó que “asumiendo que no se exporte un solo grano de soja como tal, se necesitarían 5,2 millones de toneladas para llegar al piso de 2017/18. Para llegar al promedio de 39,8 haría falta importar más de 10 millones de toneladas”.

Estiman que las importaciones de soja podrían ser entre 7 y más de 10 millones de toneladas. (REUTERS/Roberto Samora/Archivo)

En ese sentido, la pregunta que planteó el analista fue si hay soja suficiente en el Mercosur para abastecer al mercado argentino. Y al respecto, dijo: “Hay una antecedente que es el ciclo comercial de entre Abril de 2018 a Marzo de 2019 cuando se importaron 7,2 millones de toneladas. De hecho el USDA pronostica 6,25 millones de toneladas versus 3,8 en la campaña que está por terminar. ¿Podría ser incluso mayor?”.

En el contexto regional, Javier Preciado Patiño señaló como buena noticia que Paraguay va a recuperar su producción entre 8,5 y 9 millones de toneladas, lo cual le da mayor volumen de exportación a su principal destino que es la Argentina. En tanto Brasil arrancó una super cosecha de 153 millones de toneladas y tendrá resto para abastecer a nuestro país. Pero en 2022, frente a la falla de la cosecha paraguaya, fueron Uruguay y Bolivia los que crecieron como proveedores. Para sostener lo que viene, ambos orígenes deberían mantener el nivel de 2022, recuperando Paraguay y sumando más de Brasil”.

“Hay que llevar adelante una política que incentive la producción de soja” (Preciado Patiño)

“En función de la caída de la producción de Argentina y la necesidad de la industria se podría pensar en que un piso de importación temporaria de soja sería de 7 millones de toneladas para procesarla y luego re exportarla como subproductos. Lo importante acá y que hay que recalcar es que hay un agregado de valor en la transformación industrial, y ese valor agregado queda tranqueras adentro del país y desde el punto de vista de la balanza comercial, es levemente positiva, porque tiene más valor lo que se exporta que lo que se importa. Y además se permite sostener todo el andamiaje industrial, instalado sobre todo en la zona del Gran Rosario”, comentó el consultor.

Y concluyó: " En todo esto el punto más relevante es que hay que llevar adelante una política que incentive la producción de soja, básicamente porque es el cultivo menos fertilizado, que se hace en campos alquilados, entre otros factores. Hay un combo que desde el sector público y alineado con el sector privado que debería atenderse, que es cómo hacer para con la superficie que hoy se está sembrando, mejorar los rendimientos y aspirar a recuperar por lo menos 60 o 65 millones de toneladas. Todo esto es una materia pendiente que hay que abordar urgente, porque estamos hablando del principal complejo exportador”.

El diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego de JxC, Federico Frigerio, calificó como “crítica” la situación que atraviesa la ciudad de Ushuaia con respecto a la carencia de viviendas para las familias de la ciudad. “La falta de regulación de los alquileres temporarios y la ausencia de iniciativa por parte del gobernador para resolver el problema, genera que todo metro cuadrado disponible para alquiler sea excesivamente caro para los vecinos, sin priorizar a los fueguinos quienes se quedan sin opciones para poder habitar en su ciudad”, sostuvo Frigerio. 

“Presentamos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que se declare la emergencia habitacional en la ciudad de Ushuaia. Le solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, arbitrar los medios, recursos, políticas necesarias y asignación de partidas presupuestarias de emergencia, para cubrir las necesidades de viviendas propias y rentadas”, sostuvo Frigerio.

 En ese sentido Frigerio continuó: “Son más de 5.000 los vecinos que sufren el déficit habitacional en la ciudad de. Ushuaia. Los comercios también ven afectada su actividad por la falta de viviendas para sus trabajadores, estando esta situación documentada y reconocida por las autoridades provinciales, sin prever ni planificar aumentar la construcción de viviendas cuyas entregas no llegan a cubrir ni una fracción del déficit en la materia”.

“Realizamos un pedido de informe al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat de la provincia, a fin de conocer los datos públicos sobre la crisis habitacional y la problemática de alquileres en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, aseguró Frigerio. “Queremos saber qué criterio de política pública fue utilizado para asignar las viviendas desde diciembre de 2019 a la fecha. Conocer cuáles son los parámetros de distribución territorial, qué antigüedad de residencia en la provincia tienen los beneficiarios de las viviendas entregadas en los últimos tres años por el IPVyH, entre varios puntos más, indicó Federico Frigerio.

“Esto es como el perro que se muerde la cola, la industria del turismo, hotelería, gastronomía y comercio, necesita que sus empleados puedan acceder a alquileres que estén sujetos a sus salarios y no al dólar. Sin alquileres para los trabajadores de Ushuaia, la actividad turística y comercial comenzará a sufrir un grave problema de recursos humanos para prestar un buen servicio afectando la misma industria que genera la actividad económica principal”, afirmó el diputado nacional de JxC.

“Claramente el escenario ideal en un país sin inflación, sería que cada trabajador pueda acceder a comprar una vivienda con su salario, como los planes PROCREAR de la última gestión de Juntos Por el Cambio. Con estos niveles de inflación y deterioro económico, hasta que el gobierno nacional no cambie, lo qué hay que atacar son los problemas de coyuntura”, manifestó Federico Frigerio. 

Federico Frigerio explicó que “no existe una única solución, ya que la situación está tan avanzada que se requiere de varias medidas en simultáneo tomadas de forma urgente”. 

En ese sentido Frigerio detalló: “Primero, registro y regulación de los inmuebles destinados a alquileres temporales. Segundo, compromiso de futuras construcciones con un 30% de metros cuadrados destinados a alquileres para residentes. Tercero, lamentablemente la gestión actual del gobernador Melella es la gestión que menos viviendas y soluciones habitacionales generó en 3 años. Con tan solo 183 viviendas la política habitacional de esta gestión es la peor de las últimas 3 gestiones de gobierno”.

Según datos oficiales que arroja Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) durante la gestión de la ex gobernadora Bertone (2015/2018), se entregaron 1.188 viviendas, dejando un promedio anual de 297 hogares. En la gestión del gobernador Melella (2019/2022) figura que se entregaron 313 viviendas, de las cuales solo corresponden a su gestión 183, dejando un promedio de 61 viviendas por año. 

Con respecto al número de postulantes actuales, Frigerio aclaró: “En todo el territorio provincial, el número asciende a 10.012 solicitudes de vivienda. A un ritmo de 61 viviendas por año, Melella tardaría 164 años en cubrir la demanda provincial de vivienda, sin contar los que se irían sumando en el tiempo”. En el 2019, en la ciudad de Ushuaia se entregaron 24 viviendas correspondientes a la gestión de Bertone y ninguna vivienda de la gestión Melella, lo que demuestra directamente que esta gestión no le interesa resolver la crisis habitacional que agobia a la ciudad de Ushuaia”.

“El Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) tiene que arbitrar los medios, recursos y políticas necesarias, incluyendo la declaración de emergencia habitacional en la ciudad de Ushuaia y asignación de partidas presupuestarias de emergencia, con el objetivo de acercar soluciones reales a las condiciones inaceptables en las que viven los vecinos”, manifestó el diputado nacional de JxC. 

Por su parte, desde la Asociación de difusión y acción “Que nos Escuchen”, sostienen: “Hay algo que el gobierno no está viendo. No hay alquileres para el laburante, no hay ofertas alcanzables. Te piden requisitos que son exorbitantes, que solamente puede acceder gente de un altísimo poder adquisitivo. El resto de la población queda fuera. Te exigen un recibo de sueldo que supere los $200.000. Si a eso le sumamos lo que te piden de adelanto y depósito, tenés que tener más de $600.000. Nadie llega a eso”.

“Si la administración pública no regula esta problemática y no conoce la cantidad exacta de alquileres y los costos, no hay una solución mágica. Hay que ponerse a trabajar”, concluyó Federico Frigerio.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) presentó el reporte sobre producción, exportaciones y ventas mayoristas correspondiente al primer mes de 2023. A continuación, los datos más importantes sobre el inicio del año de la industria automotriz argentina:

PRODUCCIÓN

En las 12 jornadas laborables que tuvo la industria automotriz local en enero, debido al receso por vacaciones, se fabricaron 27.184 vehículos. Este volumen conformado por automóviles y comerciales livianos representa un crecimiento del 45,8 por ciento en relación con el registrado en igual mes del año pasado (18.651 unidades en 9 días hábiles).

Cuando se compara enero de 2023 con diciembre del año anterior, en el que se produjeron 37.119 unidades en 15 días laborables, se observa una baja del 26,8 por ciento.

“Si bien los volúmenes de enero reflejan la estacionalidad habitual por las paradas de plantas por vacaciones, el comportamiento de las principales variables se encuentra alineado a las proyecciones estimadas para el año de un crecimiento en el orden del 10 a 15 por ciento, lo cual se ve reflejado en las comparaciones interanuales”, explicó Martín Galdeano, presidente de ADEFA.

EXPORTACIONES

El mes pasado, el sector envió al exterior 11.358 unidades, es decir, un 22,2 por ciento más que en enero del año anterior, cuando se destinaron a otros mercados 9.298 vehículos.

Si la comparación se realiza contra diciembre de 2022 (22.605 unidades exportadas) la caída alcanza el 49,8 por ciento.

VENTAS MAYORISTAS

Durante enero, las automotrices comercializaron a la red de concesionarios 22.112 vehículos, es decir, un 9,8 por ciento más que en igual mes de 2022 (20.147) y un 34 por ciento menos que en diciembre de ese año, en el que se despacharon a la red 33.517 unidades.

El diputado nacional y emprendedor industrial fueguino, busca potenciar el desarrollo estratégico y económico de la provincia, empezando por la educación.  

El Liceo Naval Militar "Capitán de Navío Ernesto Manuel Campos", nombrado así en honor al ex gobernador y marino de Tierra del Fuego, busca formar jóvenes en el oficio náutico, mercante y en otras habilidades, afianzando un estrecho vínculo con el mar. “No es necesario continuar luego la carrera militar. Nuestros jóvenes pueden formarse en todas las disciplinas navales y adquirir un conocimiento de base sólida, con potencial salida laboral inmediata o de ser enriquecidos para un terciario”, destacó Frigerio.

El proyecto tiene por objetivo aprovechar el potencial estratégico de Tierra del Fuego como la única provincia bicontinental y con un sin número de islas e islotes que hacen obvia nuestra necesidad de reforzar la cultura insular y marítima. “El flujo de cruceros y buques de carga seguirá creciendo, así como también las oportunidades que brinda nuestra cercanía con el continente antártico y nuestro potencial productivo. Tenemos que estar preparados, formar nuestro capital humano y aprovechar cada una de estas oportunidades al máximo”, resaltó el diputado nacional fueguino. 

Frigerio incluso avanzó en conversaciones con la Armada Argentina, para aprovechar el edificio actual del comando y ubicar el Liceo allí, una vez que se construya la nueva base naval integrada. Además, comprometió a empresas del sector marítimo y turístico para trabajar en conjunto una currícula de habilidades necesarias para adaptar las enseñanzas y habilidades del instituto a las necesidades de estas empresas y lograr que se priorice a alumnos fueguinos en los procesos de contratación.
“Los liceos son instituciones de enseñanza modelo y preparan alumnos de forma excelente para enfrentar los desafíos de la vida en general”, concluyó el diputado nacional.