
A menos de un mes de dejar su cargo como vocal por los activos en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Franco Tomasevich —referente del SUTEF— impulsó un acuerdo millonario con la empresa privada SANOS Salud, para brindar cobertura a los afiliados radicados en la provincia de Córdoba.
Según la documentación a la que tuvo acceso este medio, la propuesta presentada por SANOS establece un costo mensual de $150.000 por afiliado, ajustable por IPC. Esto implicaría un gasto superior a los $180 millones mensuales para la obra social, una cifra que impactará de lleno en sus finanzas ya deterioradas por deudas con proveedores y demoras en el pago a farmacias.
El contrato fue gestionado en tiempo récord y con inusual premura. Tomasevich dejará su cargo en diciembre, pero aún mantiene control sobre áreas estratégicas de la obra social, como la Dirección de Compras y la gestión de medicamentos, espacios donde el SUTEF conserva fuerte influencia.
Fuentes internas de OSEF consultadas interpretan este movimiento como un intento de “blindar acuerdos” antes del recambio de autoridades y dejar comprometida a la institución con decisiones de alto impacto financiero.
SANOS Salud —del grupo TN Group— se presenta como prestadora integral con red propia en Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia y Río Grande. Sin embargo, la firma enfrenta antecedentes de denuncias en Santa Cruz, donde una paciente oncológica de Río Gallegos denunció que la empresa no pagó su tratamiento de quimioterapia ni medicamentos, poniendo en riesgo su vida, según consignó El Diario Nuevo Día el 14 de noviembre de 2025.
Esa denuncia, sumada a la falta de antecedentes previos en la atención de afiliados de OSEF, despierta interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a esta empresa y la falta de licitación o concurso público previo.

SANOS mantiene vínculos con diversos gremios del país, incluyendo sindicatos con presencia en Tierra del Fuego, lo que alimenta sospechas sobre un posible entrecruzamiento de intereses sindicales y decisiones administrativas.
En ese contexto, el rol de Tomasevich como representante del SUTEF vuelve difusa la frontera entre la gestión pública y los intereses sectoriales.
Mientras las autoridades provinciales guardan silencio, surgen varios interrogantes:
¿Por qué un vocal a punto de dejar su cargo compromete a OSEF con un contrato de esta magnitud?
¿Hubo supervisión del Directorio o del Ejecutivo provincial antes de autorizar la operación?
¿Qué garantías existen sobre la calidad del servicio de SANOS, dada su situación en otras provincias?
En una obra social marcada por falta de medicamentos, demoras en tratamientos y denuncias de privilegios, la nueva contratación refuerza la sensación de que Tomasevich busca cerrar su ciclo político asegurando compromisos millonarios antes de su salida.
La pregunta que resuena en los pasillos de OSEF es simple pero contundente:
¿A quién beneficia este acuerdo: a los afiliados, a los gremios o a los que se van?