En mayo de este año fue condenado 

 

Un bolso deportivo azul voló por los aires el 15 de junio de 2020. Lo arrojaron los ocupantes de un auto en movimiento, en el barrio AGP de la ciudad fueguina de Río Grande. Dentro del bolso había 27 kilos de marihuana.

 

La droga había ingresado a Tierra del Fuego por el paso fronterizo San Sebastián (limítrofe con Chile, ubicado 80 kilómetros al norte de Río Grande) en el interior de un camión que transportaba carga para una empresa textil. La policía local, que venía investigando el caso desde hacía varios meses, dejó pasar el bulto por la frontera y siguió el camión hasta el parque industrial de la ciudad, donde se detuvo cerca de un kiosco, sobre la calle Islas Malvinas al 2400.

 

En ese lugar, el camionero entregó el bolso a varias personas que circulaban en un auto. Fue entonces cuando la policía lo detuvo. El coche, en cambio, se dio a la fuga y se inició una persecución por distintos sectores de Río Grande.

Vecinos del barrio AGP denunciaron luego que “les tiraron un bolso desde un automóvil”, y cuando la policía llegó al sitio encontró el equipaje con la droga adentro.

El operativo continuó con una cadena de allanamientos y con el desbaratamiento de una banda narco de nueve integrantes, aunque lo más llamativo para los investigadores fue que uno de ellos era Gustavo Gabriel Caro, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la gestión del gobernador Gustavo Melella.

Las pesquisas demostraron que Caro, apodado “jefe Ariel”, no solo utilizaba vehículos oficiales del Gobierno para trasladar la droga por la provincia, sino que conseguía permisos de circulación para sus cómplices, en la época en que estaba restringido andar por las calles debido a la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Tras casi dos años, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó al ex funcionario a 2 años y 8 meses de prisión por el delito de “confabulación en la comercialización de estupefacientes”.

Narcopandemia

La primera jueza en investigar la causa, Mariel Borruto, descubrió que el subsecretario mantenía “fluidos contactos” con miembros de la banda narco.

Por ejemplo, demostró que el acusado le ofreció a Agustín Anchodorqui, el líder de la organización, “transportar la sustancia ilegal en una camioneta del Estado provincial”.

Además, de una intervención telefónica se desprendió que el funcionario le pidió a otro miembro de la banda “un par de Cds” , como se le dice en la jerga criminal al fraccionamiento de 25 gramos de marihuana, para llevar al municipio de Tolhuin, y que pasó a buscarlos por una vivienda de Río Grande.

“Caro prestó ayudas a la organización y recibió prima facie sustancia estupefaciente en condición de retribución o pago. Sus contribuciones a la banda fueron determinantes, específicas y decisivas para que los demás miembros cumplan su fin delictivo. Prestó una colaboración con características particulares o esenciales”, afirmó la resolución en la que Borruto procesó a Caro en primera instancia.

Según la jueza, el acusado también “facilitó un certificado (de circulación) en favor de uno de los principales imputados, y además habría facilitado el traslado de sustancia estupefaciente en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la pandemia del Covid-19”.

Para ello, Caro hizo que el certificado fuera firmado por otro funcionario, Alejandro Barría, subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Salud de la provincia.

El permiso le permitió a Anchordoqui circular libremente por las calles de la provincia en plena cuarentena.

Por ese hecho, Borruto procesó a Caro como responsable de “haber hecho insertar en un instrumento público declaraciones falsas”, aprovechándose de su condición de funcionario.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut) consideró que la Justicia Federal resultaba incompetente para investigar ese episodio en particular, y lo giró a la Justicia de la provincia, donde se encuentra actualmente sin registrar ningún avance.

Condenas

Sin embargo, Caro siguió siendo investigado por el caso de narcotráfico hasta que el juez del Tribunal Oral Federal Guillermo Quadrini dictó sentencia el pasado jueves 5 de mayo y lo condenó en el marco de un juicio abreviado. 

El fallo asegura que el ex funcionario de Melella “fue el encargado de colaborar en las actividades de comercio de estupefacientes ejecutadas por Agustín Anchodorqui incluso llevando y trayendo ”paquetes“ que éste último le requería desde y hacia la ciudad de Río Grande y la localidad de Tolhuin; todo ello sin perjuicio de que la prevención durante la etapa investigativa no logró verificar y/o secuestrar en su poder sustancia estupefaciente alguna”.

En el juicio abreviado, además de a Caro, el juez condenó a otras ocho personas: Gastón Almada, cuatro años y seis meses de prisión;

Carlos Bennati, cuatro años y seis meses de prisión; Agustín Anchordoqui, seis años de prisión; Juan Duarte, tres años de prisión en suspenso;

Eduardo Luis Alcoba, tres años de prisión en suspenso; Dylan Portal, tres años de prisión en suspenso; Enzo Ojeda, tres años de prisión en suspenso; Gustavo Anchordoqui, tres años de prisión en suspenso.

Licencia y abogado

Gustavo Caro era un colaborador de Melella en la intendencia de Río Grande, antes de que el radical K y ahora aliado del presidente Alberto Fernández, diera el salto a la gobernación en 2019.

En aquellas elecciones, Melella derrotó a la ex gobernadora y hoy diputada nacional Rosana Bertone, en lo que constituyó una disputa entre dirigentes del mismo espacio político.

El gobernador fueguino llevó a varios integrantes de su gabinete municipal al de la provincia, entre ellos actuales ministros, secretarios y subsecretarios. 

Si bien Caro no es un dirigente político con antecedentes y estructura propia, el trato que recibió de parte del gobernador a partir del caso de narcotráfico resulta sugestivo. Lejos de haber sido apartado del cargo en forma inmediata, Melella le concedió una “licencia sin goce de haberes”, a pesar de que se trataba de un nombramiento político. Y recién determinó su desvinculación definitiva cuando el procesamiento por narcotráfico quedó firme en la Cámara de Apelaciones.

Pero, además, en el proceso penal, el ex subsecretario fue defendido por el abogado Francisco Ibarra. Se trata del mismo letrado que también asistió personalmente al gobernador en una causa en la que fue denunciado por “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción. 

Melella resultó desvinculado del caso tras asumir la gobernación.