Legisladores votarán sospechoso proyecto de masiva expansión urbana en Ushuaia

La Legislatura de Tierra del Fuego se prepara para votar en los próximos días un proyecto que propone una expansión urbana de escala inédita para Ushuaia. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Carlos Pino, busca modificar el ejido urbano actual y habilitar miles de hectáreas nuevas como suelo urbano, en una ciudad que todavía arrastra serios problemas de planificación, servicios básicos e informalidad territorial.

Lo que genera alarma no es solo la magnitud del proyecto, sino la forma en que se intenta aprobar: sin debate público amplio, sin estudios técnicos conocidos y en fechas cercanas a las fiestas de fin de año, cuando la atención ciudadana y mediática se encuentra sensiblemente reducida.

Una expansión sin plan ni respuestas

El proyecto propone llevar el ejido urbano de Ushuaia de unas 2.300 hectáreas actuales a aproximadamente 13.000, lo que implica multiplicar por seis la superficie urbana de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente estudios de impacto ambiental, informes de capacidad de servicios ni un plan integral de desarrollo urbano que explique cómo se sostendría una expansión de semejante escala.

Avance sobre bosques y áreas naturales

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es su impacto ambiental. La expansión propuesta incorpora extensas áreas de bosque, cuencas hídricas y ambientes naturales, que hoy cumplen funciones clave para el equilibrio ecológico, el paisaje y la actividad turística.

Daniel Lovece, presidente de la Fundación Ushuaia XXI, advirtió sobre los riesgos de avanzar :

“No estamos discutiendo solo hectáreas,  estamos discutiendo medio ambiente, turismo, calidad de vida y de qué vamos a vivir.”

El dirigente cuestionó además una lógica que sobrevuela el debate:

“La idea de que el paisaje no sirve si no se construye encima es un error conceptual grave. Ushuaia vende naturaleza al mundo.”

Una ciudad sin servicios, pero con más tierra

La iniciativa se impulsa en una ciudad que todavía no logra garantizar servicios básicos en amplios sectores del ejido actual. Barrios con déficit de agua potable, cloacas, energía y transporte conviven con ocupaciones informales y urbanizaciones que nacieron sin infraestructura adecuada.

En ese contexto, Lovece fue contundente:

“Si no podemos con 2.300 hectáreas, ¿cómo vamos a manejar seis ciudades más?”

El interrogante se vuelve central: ¿cómo se justifica una expansión masiva del territorio urbano cuando el Estado no logra resolver los problemas estructurales existentes?

Sospechas sobre el destino de las tierras

Más allá del discurso oficial, el proyecto deja abiertas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta clara. ¿Qué destino tendrán las tierras que se incorporen al ejido? ¿Quiénes accederán a ellas? ¿Bajo qué criterios se urbanizarán? ¿Qué controles existirán para evitar la especulación?

El propio Lovece advirtió sobre el riesgo de repetir viejas prácticas:

“Andá, metete ahí que después se ordena. Esa lógica generó décadas de informalidad urbana.”

La falta de precisiones alimenta fuertes sospechas sobre posibles intereses inmobiliarios detrás del apuro legislativo, aunque desde el oficialismo no se han brindado explicaciones detalladas sobre cómo se asignarían las nuevas tierras ni qué mecanismos garantizarían transparencia y equidad.

Déficit democrático y tensión institucional

El tratamiento del proyecto también generó malestar en el ámbito institucional. Desde el Concejo Deliberante de Ushuaia, el concejal Valter Tavarone denunció que el cuerpo no fue consultado ni convocado, pese a que se trata de una decisión que impacta directamente sobre la ciudad.

“No podemos tolerar que se adopten decisiones sentados en un sillón de la Legislatura provincial, sin escuchar a quienes representamos a los vecinos”, afirmó.

Además, recordó que la Carta Orgánica Municipal establece mecanismos específicos para la modificación del suelo urbano, como la consulta popular, que no estarían siendo considerados.

Una decisión que marcará décadas

La ampliación del ejido urbano no es una medida administrativa menor. Es una definición que condicionará el desarrollo de Ushuaia por los próximos 50 o 100 años. Avanzar con una votación exprés, sin debate público, sin estudios visibles y en fechas sensibles, no solo despierta cuestionamientos técnicos y ambientales, sino que erosiona la confianza ciudadana.

Porque cuando una decisión de esta magnitud se intenta tomar en silencio, la pregunta deja de ser si Ushuaia necesita crecer, y pasa a ser por qué se apura tanto una expansión urbana de escala inédita y quiénes se beneficiarán con ella.