El diagnóstico es unánime: el modelo actual es inviable. Con un déficit mensual que ronda los $6.000 millones, una deuda acumulada superior a los $70.000 millones y prestaciones cada vez más costosas por la evolución tecnológica y la inflación, la situación de OSEF no se resuelve con ajustes menores ni declaraciones de intención. Se necesita una decisión política, y se necesita ahora.
Distintos espacios han propuesto alternativas. Entre ellas, un proyecto que contempla subsidios de emergencia, un esquema de aportes más equitativo, mayor control institucional y una redistribución temporal de recursos. Sin embargo, ni siquiera ha podido discutirse en comisión por falta de quórum. Sesiones suspendidas, sillas vacías y postergaciones sin argumentos muestran que el problema no es técnico: es político.
Mientras tanto, son los afiliados quienes pagan las consecuencias. Personas con enfermedades crónicas que no saben si podrán continuar sus tratamientos. Trabajadores públicos que enfrentan demoras o cortes en prestaciones básicas. Jubilados que, después de aportar durante décadas, temen quedarse sin cobertura.
No se trata solo de salvar a una institución: se trata de garantizar el derecho a la salud para miles de personas. Y cada día que pasa sin decisiones concretas, ese derecho se debilita.
La Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de evitar el colapso. Pero no puede seguir mirando hacia otro lado. Si existen objeciones a la propuesta oficial, deben ponerse sobre la mesa. Si hay alternativas superadoras, deben ser presentadas. Lo que ya no es aceptable es el silencio.
OSEF está en una situación límite. Dejar las cosas como están ya no es una opción.